La 2 República Española (1931-1936): Breve reseña al sufragio universal

2 República Española

El sufragio universal femenino en España no fue obra de una gran lucha feminista, sino nació fruto de la discusión del artículo 36 de la nueva Constitución de 1931, que regularía la institución de la II República Española.

España, tradicionalmente monárquica, experimentó dos ensayos republicanos, cuya implantación pacífica no señalaba sus trágicos finales.

La 1 República Española como origen

La I República española nace con la renuncia al trono español de Amadeo I de Saboya, para sí y todos sus descendientes, cansado de las dificultades a las que tuvo que hacer frente durante su breve reinado.

El 11 de febrero de 1873 se inicia la primera experiencia republicana española, que finalizará el 29 de diciembre de 1874 con la insurrección del General Martínez Campos y la restauración borbónica, en la figura del Rey Alfonso XII.

El 14 de abril de 1931, se reinstaura el sistema republicano después de unas elecciones municipales celebradas el 12 de dicho mes y, en las que paradójicamente, ganaron los monárquicos.

Alfonso XIII, percibiendo un rechazo popular a la monarquía, asumía la derrota y abandonaba España.

La transición se produjo de forma pacífica, avalado por el hecho de que en la Estación del Norte de Valladolid, debido a un retraso en los trenes, coinciden varios ministros republicanos en dirección a Madrid y la Familia Real: Victoria Eugenia de Battenberg con sus hijos Jaime, Gonzalo, Beatriz y Cristina, camino del exilio, hacia Francia.

Se esperó a la salida del convoy con los miembros de la realeza, para vitorear a los nuevos integrantes de la II República.

Estos comienzos no presagiaban su triste y cruel final.

La ilusionante II República española

La II República española fue recibida por la población española con ilusión y con la esperanza de solucionar diversos problemas sociales, económicos y políticos, procedentes del anterior régimen, la dictadura de Miguel Primo de Rivera acatada por el monarca Alfonso XIII.

Sin embargo, problemas coyunturales, estructurales y político-ideológicos no hicieron posible la reforma agraria, ni la reforma del ejercito, ni mejoró el clima de decaimiento económico auspiciado en Europa y los coletazos de la crisis de 1929; socialmente, tampoco le fue favorable el ataque a la Iglesia y a su estructura, en un país mayoritariamente católico, con una población dedicada a la vida religiosa (110.000 personas) sólo superada por Italia.

La radicalización de las ideas políticas, en dos frentes destinados a no entenderse, se incrementó con el paso del tiempo en el que el voto deambuló de un extremo a otro, no pudiéndose llevar a cabo las reformas de uno u otro signo por el acceso al poder del contrario político.

En 1930, ante la falta de confianza de los altos cargos militares, Manuel Primo de Rivera presenta su dimisión al Rey Alfonso XIII, finalizándose un periodo dictatorial consentido por el monarca, y en el que éste fue asimilado como un elemento más de la autocracia.

La dictadura, involuntariamente y por no enfrentar una reforma política seria, dejará nula la actividad de los partidos políticos, encontrándose Alfonso XIII, únicamente apoyado por la tradicional aristocracia.

En el plano económico deja un país, en el contexto de la crisis de 1929, desolado, eminentemente agrícola, sin indicios de una revolución industrial, y profundamente analfabeto; el retraso con Europa era obvio incluso ideológicamente.

Intentando conciliar la vía dictatorial y la restauración monárquica, Alfonso XIII decide que asuma el poder el General Dámaso Berenguer, comenzando un periodo conocido como la Dictablanda, que pretenderá volver a la monarquía constitucional.

En esta etapa comienzan a oírse voces, que acusan a la Monarquía de haber apoyado a la dictadura y la necesidad de un cambio con la reinstauración del sistema republicano.

Alcalá Zamora el 13 de abril de 1930, señala en un discurso en Valencia la responsabilidad del monarca en la Dictadura apostando por una República moderada y, posteriormente el 15 de noviembre de 1930, Ortega y Gasset declara en un artículo en el Diario El Sol, “El error de Berenguer” declarando Delenda est Monarchia (La monarquía está destruida).

La conjura contra la Corona se produce con el Pacto de San Sebastián, el 17 de agosto de 1930, cuando reunidos los partidos republicanos, varios partidos catalanistas y el partido gallego, y a título personal Felipe Sánchez Román, Ortega y Gasset e Indalecio Prieto, deciden la instauración de la República.

Entre otras consideraciones, crean un Comité revolucionario, presidido por Alcalá Zamora, para coordinar y organizar las acciones subversivas; una vez conseguido el triunfo, se daría paso a las reivindicaciones autonomistas catalanas y se establecería el diálogo con las organizaciones obreras.

El acuerdo también incluía la convocatoria de una huelga general una vez que se desatase el movimiento social revolucionario que traería la República.

En octubre, serían apoyados por el Partido Socialista y UGT.

Creación del Comité Civil y Militar

Paralelamente, se crea un Comité castrense formado por militares con ideología republicana, que llevarán a cabo un levantamiento revolucionario desorganizado.

El desencadenante, tanto para el Comité Civil como para el Militar, se producirá en diciembre con la sublevación en Jaca del Capitán Fermín Galán y el Teniente García Hernández, aplastada rotundamente por el gobierno con la ejecución de los dos cabecillas, que fueron elevados a la categoría de mártires por la causa republicana.

Esta represión y la negativa de acudir a las urnas en la convocatoria de unas elecciones generales, de los partidos tanto de la oposición como de los monárquicos (estos últimos dirigidos por Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones), precipitarán la caída del gobierno de Berenguer.

El Rey llamará, el 16 de febrero de 1931, al Almirante Juan Bautista Aznar, para formar un nuevo gabinete cuyo credo será principalmente monárquico, y dirigido en las sombras por Romanones, Ministro de Estado.

El novel gobierno planifica una nueva estrategia convocando a la población inicialmente a unas elecciones municipales; el 3 de mayo provinciales y, el 7 y 14 de mayo elección de diputados y senadores respectivamente.

El primer referéndum se realiza el 12 de febrero de 1931; no habría más hasta 1933.

La agitación social no aminora con la convocatoria de elecciones.

Levantamientos sociales y militares

En marzo, el capitán Sediles, implicado en el levantamiento de Jaca, es condenado a muerte, recibiendo posteriormente el indulto real ante los altercados estudiantiles acaecidos al conocerse dicha sentencia.

Igualmente, a finales de marzo, se restituyen las garantías constitucionales, anuladas desde la revuelta jacetana y son condenados a 6 meses de prisión los hostigadores del Comité Revolucionario, que serían puestos en libertad con posterioridad.

El 14 de marzo, el fascismo entra en España por medio de Ramiro Ledesma Ramos que se uniría a Onésimo Redondo, formando las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista).

España no había tenido un plebiscito desde 1922.

Las elecciones municipales se celebran, como estaba previsto, el 12 de abril de 1931.

Los monárquicos ganan las elecciones por número de concejales; sin embargo, en las 41 de las 50 capitales de provincia y en las poblaciones más significativas, gana abrumadoramente la República.

Los resultados municipales son analizados y extrapolados a nivel nacional, teniendo en cuenta que las elecciones en las ciudades se suponían más libres, sobre todo de caciques; las conclusiones no se hicieron esperar y, aunque el plebiscito no cuestionaba la legitimidad y el cambio de régimen, la II República española queda proclamada el 14 de abril de 1931.

Romanones decide el traspaso de poderes y el General Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se niega a reprimir cualquier manifestación a favor de la República, e incluso, se pone en manos del gobierno provisional; el Rey, el mismo día 14, abandonaba España, camino del exilio hacia Marsella; al día siguiente la Familia Real pone rumbo a Francia; el Comité Revolucionario, aún en la cárcel modelo de Madrid, es liberado y convertido en Gobierno provisional republicano estableciendo un Estatuto jurídico por el que la República dirigirá su andadura hasta la formación de Cortes Constituyentes.

El gobierno provisional necesitaba legitimar el nuevo ordenamiento.

La Constitución de 1876 quedaba sin efecto con el nuevo régimen.

Alcalá Zamora, mediante decreto, era nombrado Presidente del Gobierno Provisional, asumiendo la Jefatura del Estado.

Mediante la promulgación de dos decretos se organizan los comicios; el del 8 de mayo que modificó la Ley electoral de 1907 y, el del 3 de junio, por el que se convocaron los sufragios.

La edad de los votantes se rebajaba de 25 a 23 años y las mujeres podían ser elegibles, pero su derecho al voto quedaba pospuesto hasta la discusión en Cortes.

La primera vuelta se realizó el 28 de junio, con posteriores consultas entre el 12 de julio y el 8 de noviembre.

Una vez formadas las Cortes constituyentes se debía confeccionar una constitución de acuerdo al nuevo ordenamiento político.

El 6 de mayo de 1931, el Gobierno Provisional otorgaba a una Comisión Jurídica Asesora, sometida al Ministerio de Justicia, la realización del Proyecto Constitucional; una subcomisión, dirigida por Ángel Ossorio y Gallardo, realizaría el anteproyecto constitucional que será rechazado por las fuerzas de izquierdas, especialmente por los socialistas.

El Gobierno designó otra comisión para redactar el nuevo proyecto, conducida por el socialista Luis Jiménez de Ansúa que concluyó su trabajo en veinte días, pasando a debate.

Las discusiones duraron tres meses.

Uno de los artículos que suscitó enconados debates fue el artículo 36, referente al derecho al voto de las mujeres.

Hasta entonces, en el régimen de Manuel Primo de Rivera, a la mujer se le reconocía dicho privilegio, siempre que fuera soltera o viuda, evitando así discusiones maritales.

El enfrentamiento dialéctico se produjo entre las dos únicas diputadas, de signo progresista, que consiguieron un escaño: Clara Campoamor, del Partido Radical, pero no apoyada por éste, y Victoria Kent, por el partido Radical-socialista.

La controversia giró más que en el derecho de la mujer a ejercer el voto, en determinar si era el momento para otorgar dicha prebenda a la mujer y para discernir la capacidad y responsabilidad de la misma para ejercerlo.

Kent solicitaba un aplazamiento del derecho a voto de las mujeres para dar una oportunidad a la República, temerosa, tanto ella como la inmensa mayoría de los partidos, no así los conservadores, de que la mujer, adoctrinada en el catolicismo, votaría en contra del nuevo orden, influenciadas por su confesor o guía espiritual, y que sus ideas serían conservadoras y tendentes a la Monarquía.

Sin embargo, Clara argumentaba que el derecho de voto no se podía dividir entre las que estaban a favor o no de la República, que todas tenían derecho a decidir sobre las personas que les debían gobernar, fuera cual fuere su ideología; presentaba un derecho universal.

El 1 de octubre de 1931 se aprobaba, el derecho al voto de la mujer con una ajustada victoria de 40 votos.

España se colocaba a la vanguardia de Europa, al aprobar un derecho que, muchas mujeres de los países europeos, conseguirían posteriormente a la II Guerra Mundial.

Seis millones de féminas podrían ejercer el derecho de elección en 1933.

La Constitución Republicana quedó aprobada el 9 de diciembre de 1931.

La II República Española se reinstauraba de modo pacífico, con un Rey en el exilio y las ganas de cambiar el país, quizás demasiado deprisa.

Todo y nada presagiaba el final traumático y apocalíptico en una Guerra Civil (1936-1939).

Después de 77 años aún hay cuestiones pendientes procedentes de aquella época no tan lejana.